Debería reflexionarse cómo se están utilizando los sistemas de cooperación para el desarrollo de suelos para la financiación municipal. Recordemos que los sistemas de financiación son aquellos "de iniciativa pública". Aquellos en los que el Ayuntamiento actúa como "promotor" del desarrollo de los suelos y que en principio, debería velar por el cumplimiento de la legalización vigente y de los derechos de los propietarios de suelo implicados y de las empresas intervinientes en su desarrollo. ¿Se está realizando así? ¿Existen casos en los que la recaudación de cuotas de estos suelos se está utilizando para la financiación municipal? ¿Porqué algunos interventores y secretarios municipales miran para otro lado para garantizar el abono de las nóminas municipales entre las cuales se encuentran las suyas? ¿Porqué las fiscalías anticorrupción y las Consejerías con competencias en materia de suelo no actúan en estos casos? ¿Porqué se incumplen los plazos previstos en los Planes Generales por los propios municipios? ¿Porqué se facilitan licencias de construcción de edificación en estos suelos, sin garantía de licencia de primera ocupación una vez terminadas las viviendas?
Dejo en el aire muchas preguntas, de las cuales obviamente muchos sabemos su contestación. Todas ellas relacionadas con la inseguridad jurídica que está fomentando la propia Administración para lograr su propia financiación, criticando a su vez a la construcción como modelo económico de desarrollo.
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